LA CORRUPCION EN MURCIA

La corrupción en Murcia y aquello de “la manzana podrida…” (II)
¿Rajoy se equivoca o miente?: “Treinta y ocho de los 40 casos abiertos en la región han sido archivados”

CECILIA GUZMÁN

Mariano Rajoy ha asegurado que “treinta y ocho de los 40 casos abiertos en la región de Murcia contra militantes populares han sido archivados”. ¿El líder de la oposición vive de espaldas a la realidad de su partido o miente deliberadamente? ¿Es esta la prueba que puede ofrecer sobre la supuesta persecución por parte de los que calificó como “Torquemadas de Zapatero”. No son 40 los sumarios abiertos en esa Comunidad contra militantes del PP, ni, 38 las actuaciones archivadas. Además, los casos más importantes de presunta corrupción destapados por la Fiscalía continúan siendo investigados.
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Veintiséis ayuntamientos de la Comunidad murciana, que cuenta con un total de 45 localidades, tienen procesos judiciales abiertos por corrupción contra algunos de sus altos cargos, sobre todo alcaldes, la inmensa mayoría del PP. A esto se suman las causas que implican al gobierno autonómico de Ramón Luis Valcárcel Siso.




En la foto, Mariano Rajoy, Ramón Luis Valcárcel y el alcalde de Totana, José Martínez Andreo.


Estos son algunos de los casos de corrupción investigados por los tribunales en Murcia, según fuentes consultadas por Público, Interviu y la web La Sombra de Aznar:

Televisión Autonómica
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha abierto diligencias sobre el proceso de adjudicación y construcción de la sede del canal autonómico 7 Región de Murcia al Grupo Empresarial Televisión de Murcia (GTM).El empresario Facundo Armero [fundador de Polaris World], que aparece imputado en el caso de Torre Pacheco, se encargó de la construcción del centro de emisión, meses antes de que el concurso de adjudicación se resolviera.

La balsa Jenny
La Fiscalía Central Anticorrupción ha visto indicios de un delito de malversación de caudales públicos en relación con la cesión gratuita, por parte del Gobierno autonómico, de una balsa de acopio de minerales contaminantes a la empresa Portman Golf, cuya limpieza luego se realizó con dinero público y a un coste de 5,4 millones de euros. Por este asunto ya han ido a declarar, en principio en calidad de testigos, miembros del Equipo del presidente murciano Ramón Luis Valcárcel.

Cartagena
La Fiscalía investiga dos recalificaciones en terrenos protegidos. La primera, en el paraje de Lo Poyo, cuyo fin era la construcción de un campo de golf y 5.000 viviendas, que tuvo al presunto cerebro de la trama de Marbella Juan Antonio Roca como intermediario, y por el que la Kutxa y varios socios pagaron 300 millones de euros antes de recalificar. El propio presidente Valcárcel paralizó el expediente al reconocer que no parecía normal. En Novo Carthago, la empresa investigada es Hansa Urbana, propiedad en un 15% de la Caja del Mediterráneo, y que planeaba construir una urbanización en un paraje protegido por la Unión Europa como zona de protección de aves.

Abanilla
Varios cargos populares han sido imputados tras la acusación de una propia concejala del PP, María Dolores García, de haber comprado votos en las elecciones locales, con empleos municipales y vales de comida. Además, el concejal de Economía y Hacienda, José Antonio Blasco, el ingeniero José Enrique Pérez González y el secretario municipal, Miguel Castillo López, han sido acusados de falsedad documental en contratos de obras.

Aguilas, caso La Zerrichera
Diez personas implicadas en la recalificación de una finca protegida de unas 240 hectáreas que representa el 1,07% de la Sierra de la Almenara-Cabo Cope, entre ellas los ex directores generales de Calidad Ambiental y de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Comunidad murciana, Antonio Alvarado y Manuel Alfonso Guerrero; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas; el alcalde de Aguilas, Juan Ramírez, el ex concejal de Agricultura y Pesca, José López Díaz, y el empresario Trinitario Casanova Abadía.

Fuente Álamo y Torre Pacheco
Catorce imputados, incluidos los alcaldes, María Antonia Conesa, y Daniel García Madrid, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto. También está implicado el fundador de Polaris World, Facundo Armero, y el actual presidente de esa empresa, José Luis Hernández.

Los Alcázares, caso Ninette
Catorce imputados y seis detenidos, entre ellos el arquitecto Mariano Ayuso, que permanece en la cárcel, y el ex alcalde socialista Juan Escudero, en libertad bajo fianza de 60.000 euros. Entre los que tuvieron que declarar, Juan Antonio Roca. La Fiscalía investiga un convenio firmado en 2001 entre la empresa Condeor -intervenida en la "operación Malaya"- y el Ayuntamiento, por el que la sociedad pagó 630.000 euros para financiar la construcción del nuevo consistorio a cambio de una modificación de uso de una parcela donde Juan Antonio Roca construyó un hotel de cuatro estrellas.

Cieza
El alcalde popular Antonio Tamayo acusado por una presunta recalificación de 270 hectáreas de suelo rústico, en la cual favorecía a su nuera y a otros familiares, para la construcción de unas 5.000 viviendas.

Mazarrón
El alcalde, Francisco Blaya, imputado por presunta malversación de fondos públicos y cohecho. El juez investiga si el primer edil pagó 33.000 euros a tres concejales de un partido localista para que apoyaran al equipo de Gobierno popular en la recalificación de suelo rústico.

Mula
La fiscalía investiga determinadas actuaciones urbanísticas vinculadas con determinados ex miembros de la corporación municipal pertenecientes al PP.

San Javier El ex regidor popular José Hernández Sánchez está siendo investigado por presuntas adjudicaciones a dos promotores, socios suyos en la empresa Nueva Valencia al Mal, S.L, en la que figura como consejero Antonio Sánchez Carrillo, dirigente del PP murciano. Antonio Alvarado (director general del Medio Natural) y Marcos Ortuño (director general de Transportes y Puertos) también están imputados.

Puerto Lumbreras
El alcalde popular, y diputado regional, Pedro Antonio Sánchez, está acusado de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

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LA CORRUPCION EN MURCIA

La corrupción en Murcia y aquello de “la manzana podrida…” Veinteséis ayuntamientos murcianos mantienen en sus puestos a alcaldes y altos cargos pendientes de juicio.
CECILIA GUZMÁN

Dice el refranero popular que “la manzana podrida pierde a su compañía”, y algo así ha debido pasar en la Comunidad Autónoma de Murcia, donde una enmarañada trama de corrupción se ha cebado con las fechorías de alcaldes y altos cargos del Gobierno que preside el popular Ramón Luis Valcárcel Siso desde el año 1995, con mayoría absoluta.
Un sinfín de causas judiciales abiertas, donde ediles imputados y otros pesos pesados continúan en sus puestos a día de hoy, a falta de sentencias. La oposición ha acusado a Valcárcel de “no tener autoridad moral para depurar responsabilidades en su partido” y que “no puede exigir a sus alcaldes y concejales que separen claramente los intereses privados de los públicos, porque él mismo no lo ha hecho”.
El secretario general de los socialistas en esa región, Pedro Saura, durante un debate televisivo en Canal 6, en 2007, [cuyo video se reproduce aquí],

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reveló que la familia del presidente poseía ocho conocidas empresas dedicadas al negocio de la construcción y promoción inmobiliaria, que “les habían producido pingües beneficios”. Las empresas de la familia En el listado presentado por la oposición socialista aparecen más de ocho empresas de familiares del presidente murciano, cuyo objeto social es el asesoramiento inmobiliario, construcción y promoción de inmuebles. En “10 J. M. Gunter”, fundada en 2001, aparecen como administradores una hermana, María Isabel Valcárcel Siso, y su marido; en “Ancara-9, S.L”, inscrita en 2005, figura su hermano, Carlos Valcárcel Siso, y la esposa de este; mientras en “Guayaquil Import”, la administradora única es su hermana, Marta Valcárcel Siso. Por otro lado, las compañías “Meroño y Cruz”, “Habvit Viviendas”, “Secruz 3”, “Faromar Urbanizaciones”, “Faromur Promociones”, e “Hijos de Juan Francisco Cruz Alfaro” son propiedad de su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro. La evidencia de las empresas familiares del presidente Valcárcel, no obstante, no ha pasado a más. No ha tenido la misma suerte el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver Mota, que sí está inmerso en una causa judicial porque, según el informe de la Fiscalía, pretendía “controlar toda la actividad urbanística de la región”, desde el despacho de arquitectos de su familia, Peñalver Arquitectos S.L, fundado por su padre, hermano y esposa, esta última como tapadera de su marido. Los Peñalver, “los naranjitos” Fiscalía apunta en su informe que “tal era el número de proyectos presentados al visado por el despacho Peñalver Arquitectos y Asociados S.L., y que irónicamente debían recibir el dictamen favorable del propio Joaquín Peñalver, que los funcionarios de Urbanismo lo denominaban sarcásticamente los naranjitos, dado el color de la carátula que utilizaban”, según el diario La Verdad. Veintiséis de cuarenta y cinco Veintiséis ayuntamientos de la Comunidad murciana, que cuenta con un total de 45 localidades, tienen procesos judiciales abiertos por corrupción contra algunos de sus altos cargos, sobre todo alcaldes, la inmensa mayoría del PP. Sobre sus hombros, imputaciones por presuntos delitos urbanísticos, compra de votos, cobro ilegal de comisiones, prevaricación o falsedad documental, y la mayoría sigue en sus puestos a la espera de juicios, según evidenció la revista Interviu. En Villanueva del Segura, que cuenta con apenas 1.500 habitantes, el alcalde, José Luis López Ayala(a la izquierda, en la foto), “ha malgastado en poco más de dos legislaturas más de 800 millones de las antiguas pesetas, ha forjado una red de privilegios a afines a su partido. Asesores personales, excesos en los sueldos del alcalde y de los concejales del PP, vehículos, comilonas (60 millones de pesetas gastadas en fiestas)”, según denunció en un comunicado el grupo socialista en ese municipio. Actualmente, López Ayala, el arquitecto municipal y tres concejales de su Gobierno están siendo investigados, a partir de una denuncia de Ecologistas en Acción, por la concesión de una licencia para construir en una zona de dominio público del río Segura la urbanización Spa Valley, en el paraje de La Morra. Antes de que termine este año, podría comenzar el juicio por el llamado caso Totem, una operación destapada en la localidad de Totana a finales de 2007, contra el pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales, y en la cual están acusadas 17 personas, entre ellas, el ex regidor Juan Morales y el actual alcalde, también popular, José Martínez Andreo, que fue detenido en noviembre de 2007 acusado de nueve delitos, y que consiguió salir de prisión en febrero de 2008 pagando una fianza de 70.000 euros. Actualmente, continúa al frente de la Alcaldía. Esta trama de corrupción ha llegado también a Cajamurcia, a través de su filial Summa Inversiones Inmobiliarias, implicada en la causa judicial.
La detención del alcalde Martínez Andreo levantó revuelo en la localidad de Totana, pero por razones contrarias a lo que podría pensarse. Más de 500 personas se concentraron ante la cárcel de Sangonera, convocadas por la plataforma Por el Buen Nombre de Totana, para apoyarle. Y esta contradictoria actitud refleja una realidad que se extiende a toda la Comunidad de Murcia, donde en las últimas elecciones, a pesar de los muchos escándalos de corrupción, los populares obtuvieron el 61,55% de los votos. Urbanismo especulativo y riqueza Juan José Cánovas, concejal de Izquierda Unida en Totana, explica la razón del éxito de Andreo, que apunta a un fuerte caciquismo del PP en la Comunidad. “Desde el ayuntamiento se han anulado todos los colectivos críticos, además, el consistorio ha gastado 100.000 euros en publicidad para los medios locales. Y controla la mayoría de las subvenciones”. Por otro lado, y con un gran peso en la conciencia de la gente está la especulación inmobiliaria, “que ha dejado muchos nuevos ricos en Murcia.
Todo el mundo tiene un vecino o un conocido que contaba con un terreno que ya no servía para cultivos y que ha hecho dinero con las recalificaciones”, de acuerdo con la opinión de ecologistas de la zona. "Es una vinculación psicológica muy fuerte entre urbanismo especulativo y crecimiento económico", resume el líder regional de IU, José Antonio Pujant.

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